En el corazón de Palma, un lío se ha desatado. La asociación de vecinos de Lonja-Born ha recibido cuatro multas por colgar carteles que gritaban a los cuatro vientos: ‘El ruido es tortura’. La reacción del alcalde, Jaime Martínez, no se hizo esperar. Con una postura clara, defendió que «las asociaciones también tienen que cumplir las normas». Y aquí es donde empieza la historia.
Las sanciones, de unos 60 euros cada una si se paga a tiempo y sin alegaciones, han causado revuelo. Además, no solo son esas multas; hay 18 carteles confiscados cuyo valor asciende a alrededor de 400 euros. Un gasto que los propios vecinos habían asumido para alegrar las fiestas del barrio. En medio de todo este revuelo, el alcalde afirma con firmeza que «el debate no debe girar en torno a si se multa a una asociación», sino a cumplir o no cumplir la norma.
La defensa de la normativa municipal
Martínez insiste en que su responsabilidad como Ajuntament es aplicar la ley sin mirar si quien infringe es un ciudadano común o una asociación vecinal. «Lo importante no es saber si estamos hablando de vecinos o visitantes», enfatiza. Él recuerda que desde el año pasado existe una ordenanza cívica para darle más poder a la Policía Local en este tipo de situaciones. Es cierto, las normas están para ser respetadas, pero también lo está el contexto y la realidad comunitaria.
No podemos olvidar que muchas asociaciones luchan por mejorar sus barrios y dar voz a los problemas reales. ¿Es necesario castigarles cuando intentan alzar su voz? Eso queda en manos del debate público. Lo único claro es que todos queremos vivir en un lugar donde nuestras preocupaciones sean escuchadas y atendidas.