En un giro que muchos llevábamos esperando, el pleno del Ajuntament ha tomado una decisión que promete cambiar el rumbo de la vivienda en Palma. Este jueves, se hizo oficial: se prohíben todas las nuevas plazas de alquiler turístico en nuestra ciudad. Si ya antes habían dado un paso al frente al vetar este tipo de arrendamiento en edificios plurifamiliares, ahora dan otro más al extender esa prohibición a las viviendas unifamiliares.
Un respaldo casi unánime
La propuesta que ha modificado el Plan General del 2023 no solo ha logrado sumar la mayoría de votos favorables, sino que también ha dejado claro quiénes están realmente comprometidos con la vivienda social. Vox fue la única voz disonante al rechazar esta iniciativa. Óscar Fidalgo, el regidor de Urbanismo, no se anduvo con rodeos y afirmó: “tenemos que proteger la función social de la vivienda”. Aseguró que durante el mandato anterior, entre 2015 y 2023, los jóvenes y las familias han visto cómo su acceso a una vivienda digna se complicaba cada vez más.
Aunque ya existía una limitación para los edificios plurifamiliares, había serios problemas en su aplicación; Fidalgo explicó que era complicado llevar a cabo una inspección efectiva. Con esta nueva modificación, se pretende ofrecer una solución sólida para recuperar esas viviendas destinadas al uso permanente.
Miquel Àngel Contreras, regidor de Més, no pudo evitar lamentar lo que considera un retraso por parte del PP. “Llegan tarde”, dijo contundente. “Cuando advertíamos sobre los efectos expulsivos del alquiler turístico, ellos miraban hacia otro lado”. Aunque celebró este avance, también dejó claro que esto es solo el principio y aún hay mucho camino por recorrer en la lucha contra el alquiler turístico ilegal.
Desde el PSOE, Pepe Martínez agregó su preocupación respecto a cómo algunos edificios plurifamiliares están siendo transformados en hoteles boutique. La realidad es dura: “las prohibiciones no están funcionando como deberían”, resaltó Martínez.
Pero ahí estaba Vox otra vez defendiendo su postura; Fulgencio Coll insistió en que “el problema no es el alquiler turístico”, señalando que su impacto real sobre la oferta residencial es mínimo.