La historia de la antigua prisión de Sa Presó da otro giro. Este miércoles, en una reunión que no pasó desapercibida, la Junta de Govern ha decidido solicitar al juzgado la autorización necesaria para llevar a cabo el desalojo forzoso de este emblemático lugar. Desde que el Consistorio inició su recuperación en febrero, hemos sido testigos de un proceso lleno de trámites y decisiones difíciles.
Todo esto ocurre después de que finalizara el último plazo dado para que los ocupantes abandonaran el recinto por su propia voluntad. La Policía Local ha confirmado que alrededor de 80 personas aún permanecen dentro, aunque hace un tiempo se identificaron a 206 en total. Mercedes Celeste, portavoz del equipo gobernante, nos recuerda que «todas fueron debidamente notificadas y tuvieron su oportunidad para presentar alegaciones». Pero ahora, tras revisar esas alegaciones y desestimarlas, se abre un nuevo capítulo con un plazo adicional de cinco días para salir.
Un proceso necesario
No podemos olvidar las razones detrás de este movimiento. Cort subraya que «la recuperación se inició debido a varios informes técnicos y de seguridad que alertaban sobre el riesgo grave de incendio en el interior» y del peligro latente para todos aquellos que lo ocupan, así como para los servicios de emergencia. Es algo más que una simple cuestión administrativa; es una cuestión de seguridad.
Mercedes Celeste también hizo hincapié en cómo los servicios sociales municipales han estado al pie del cañón durante todo este proceso, ofreciendo apoyo e información a quienes lo necesitan. En total, 45 personas han encontrado nuevas oportunidades gracias al Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), incluyendo centros de acogida temporal y programas destinados a ayudarles a reintegrarse en la sociedad. Sin duda, es un momento crucial tanto para quienes habitan allí como para nuestra comunidad en general.