En pleno mar, dos agentes de la Guardia Civil revisan la documentación de una embarcación intervenida. La historia comienza aquí, con el Govern de las Illes Balears y la Benemérita lanzando su octava campaña consecutiva para combatir el alquiler irregular de barcos. ¿Y qué buscan? Aumentar la legalidad en los chárteres y seguir con esa tendencia creciente que ya muestra un alarmante 853 % de incremento en las sanciones desde 2019. ¡De solo 17 investigaciones a 162 el año pasado!
Un esfuerzo conjunto por la seguridad y el medio ambiente
Hoy, durante una presentación llena de compromiso, Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo, junto al capitán Francisco Córdoba del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Kico Villalonga de PortsIB, compartieron su preocupación: el chárter náutico ilegal no es solo un tema económico; también pone en riesgo nuestra seguridad marítima y nuestro entorno natural. En lo que llevamos del año 2026 ya se han abierto 35 expedientes sancionadores, sumando multas que superan los 92.000 euros.
Córdoba lo deja claro: «Hay que seguir trabajando mucho en este tipo de situaciones». Las personas al mando de estos chárteres ilegales muchas veces carecen de la formación necesaria, lo que puede convertir cualquier accidente en un desastre mayor.
Aprovechando esta presentación, varios medios tuvieron la oportunidad única de subirse a bordo de una patrullera para vivir en primera persona cómo funciona este dispositivo. En plena navegación interceptaron una barca sospechosa; tras comprobar toda su documentación, los agentes confirmaron que todo estaba en regla.
Este año es crucial para fortalecer esa colaboración entre Ports i Transport Marítim y la Guardia Civil. «Es fundamental mantener una coordinación constante entre administraciones y cuerpos de vigilancia», enfatizó Mercant. Con 22 unidades operativas dedicadas a Vigilancia del Litoral y una flota marítima compuesta por 10 barcos destinados a Baleares (siete basados en Mallorca), este operativo estival tiene claro su objetivo: revisar actividades irregulares como recogidas no autorizadas o fondeos ilegales que amenazan nuestra posidonia y ponen en riesgo a los bañistas.