En un juicio que ha sacudido los cimientos del deporte en Baleares, la Audiencia de Palma ha decidido poner fin a la impunidad. El presidente de la Federación Balear de Patinaje, Sebastián Rico Pons, se enfrenta a una multa de 12.000 euros tras ser condenado por abusar sexualmente de tres trabajadoras. Este hombre, que lleva en el cargo desde 1984 y tiene 74 años, no solo deberá pagar esa suma, sino que también ha sido inhabilitado durante diez años.
Las víctimas, jóvenes entre 18 y 22 años, compartieron su dolorosa experiencia ante el tribunal. Tocamientos indebidos y comentarios absolutamente inapropiados fueron su día a día. Una de ellas recordó con impotencia cómo él le sugería que usara faldas más cortas para poder “pellizcarla” cuando cometiera algún error. Su relato es escalofriante: «Me decía que necesitaba un buen polvo». ¿De verdad necesitamos escuchar esto en pleno siglo XXI?
La defensa niega lo evidente
A pesar del peso de las pruebas y los testimonios desgarradores, el abogado defensor se aferra a la idea de un complot en contra de su cliente, quien sigue negando las acusaciones con vehemencia: «Todo es falso», decía entre risas nerviosas.
No obstante, la fiscalía dejó claro que no hay motivo alguno para dudar de las versiones presentadas por estas valientes mujeres. Ellas han alzado la voz frente a un sistema que muchas veces tiende a silenciarles. El miedo les había hecho callar durante demasiado tiempo; sin embargo, hoy parece que se empieza a hacer justicia.
A medida que avanzaban las audiencias, quedó patente que el ambiente laboral estaba teñido por una cultura tóxica donde nadie quería cruzarse con él. «Ningún club quiere problemas con el presidente», reveló una denunciante mientras otra añadía cómo él se despedía siempre con un «besitos en el chochito».
Con esta sentencia no solo se busca reparar a las víctimas económicamente; es un mensaje claro para todos aquellos que creen estar por encima del bien y del mal: ya no vale todo en nombre del poder ni del prestigio.