Este viernes por la mañana, una treintena de residentes de Son Bordoy se han congregado en la parcela 11 con un objetivo claro: alzar su voz contra el avance del desahucio que amenaza a más de 180 personas. Entre ellos, encontramos a María Santiago Flores y María Silva Vázquez, dos mujeres que llevan décadas empadronadas en esta comunidad y que hoy se sienten vulnerables ante la maquinaria pesada que ha comenzado a operar en el solar.
Un llamado a la acción
Acompañados por representantes de la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas de Mallorca (PAH), estos vecinos no están dispuestos a quedarse callados. Àngela Pons, portavoz del colectivo, se ha unido a ellos para exigir al Ajuntament una alternativa habitacional real. La presencia de la Policía Nacional en el lugar añade un aire tenso, pero los residentes están decididos a luchar por sus derechos.
No es casualidad que estén aquí. Desde hace más de una semana, las máquinas han entrado sin permiso en su hogar. Prycomsa, la empresa encargada de construir una urbanización con 750 viviendas, ha sido señalada como responsable del acceso “ilegal” al terreno y está causando preocupación entre los residentes. Flores nos cuenta que lo primero que hicieron los operarios fue medir y colocar un vallado; pero también les comunicaron que iban a derribar el baño. Esto es simplemente inaceptable.
Con un pie en el umbral del desalojo, los vecinos sostienen que estas acciones vulneran una orden judicial que debería protegerles. La PAH está considerando interponer una denuncia por coacciones contra Prycomsa; no podemos permitir que esto continúe así. Pons advierte: “Si ven maquinaria en su propiedad, deben avisar a su abogado y también a la Policía”.
Dentro del hogar de Flores, Àngela comparte las dificultades económicas que enfrentan muchas familias allí; algunas incluso viven del reciclaje. Es urgente encontrar soluciones antes de llevar a cabo cualquier desalojo. Ellos piden al Ajuntament que habilite un terreno municipal para instalar viviendas prefabricadas; porque como dice Pons: “Pedir es luchar”. Y cada momento sin maquinaria activa representa una nueva oportunidad para negociar.
Pons recuerda además que según la Ley balear de 2018, cuando hay situaciones de vulnerabilidad como esta, las administraciones tienen el deber de garantizar alternativas habitacionales antes de realizar desalojos. “Cada día sin máquinas es un paso hacia adelante”, lamenta.
Símbolo de resistencia, Silva comparte su experiencia tras casi 30 años viviendo allí y asegura: “Nosotros no nos negamos a nada; solo queremos soluciones”. Por otro lado, Flores añade con tristeza que sus hijos y nietos también son parte esencial de este vecindario y enfatiza cómo el Ajuntament ya sabía sobre la población existente cuando adquirió esos terrenos.
A medida que avanza la conversación sobre las nuevas viviendas proyectadas –500 supuestamente asequibles– surgen dudas sobre si realmente podrán ofrecer solución alguna a quienes ahora sufren incertidumbre. ¿Es posible acaso tener acceso a casas valoradas cerca de medio millón? Todo queda en el aire mientras estos valientes vecinos siguen luchando por lo suyo.