En el último pleno del Ajuntament de Palma, se ha vivido una jornada cargada de tensiones. La propuesta que presentó Fulgencio Coll, líder de Vox Palma, para otorgar la máxima protección al monolito de Sa Feixina, ha encendido los ánimos. Coll no se ha quedado solo en eso; también ha exigido que el consistorio recurra a los tribunales ante una decisión que, según él, ignora las resoluciones del Tribunal Supremo y otros juzgados.
Aquí es donde la historia se complica. El mismo Coll ha dejado claro su descontento con lo que considera una «obsesión enfermiza» por derribar un monumento que, según él, tiene su legitimidad respaldada incluso por antiguos líderes de su propio partido. Su discurso busca señalar a la izquierda como responsables de crear un relato histórico sesgado y cargado de intenciones políticas que dividen aún más a la sociedad.
Reacciones encontradas en el pleno
No tardaron en llegar las respuestas. Óscar Fidalgo, regidor de Urbanisme, no se contuvo al calificar la ley de memoria democrática como un abuso, afirmando que aquí no se trata solo de recordar, sino de reescribir lo que ya está escrito. Por otro lado, Lucía Muñoz del Grup Mixt le lanzó una pregunta directa: «¿El PP condena la dictadura franquista?» Sus palabras resonaron fuerte en el salón plenario. Ella sostiene que quienes realmente intentan cambiar la historia son aquellos que defienden símbolos dictatoriales.
Para Muñoz, mantener un monumento como Sa Feixina es una forma clara de franquismo camuflado. La tensión sigue palpable entre dos visiones diametralmente opuestas sobre cómo deberíamos recordar nuestro pasado. Y así continúa esta lucha simbólica por Sa Feixina, mientras muchos nos preguntamos hasta dónde están dispuestos a llegar ambos lados.