En un giro que promete dar mucho de qué hablar, los juzgados han decidido admitir el recurso interpuesto por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma. Este movimiento busca frenar la cesión de terrenos públicos a promotores privados durante 75 años, un acuerdo que, en palabras de Maribel Alcázar, su presidenta, podría transformar estos espacios en viviendas para alquilar.
La situación ha levantado ampollas en la comunidad. Alcázar no se anduvo con rodeos y enfatizó: «No nos oponemos a la construcción de viviendas, pero sí exigimos que vengan acompañadas de servicios municipales que sean realmente necesarios». En este sentido, se va a convocar una reunión con las asociaciones vecinales para definir cuáles son esos servicios prioritarios.
Un grito desesperado por justicia social
A pesar del optimismo inicial, la presidenta se mostró preocupada. Con salarios entre 1.500 y 1.700 euros al mes, muchos vecinos no pueden acceder a alquileres “realistas” que oscilan entre los 400 y los 600 euros. «¿Qué clase de solución es esta?», se preguntó Alcázar, visiblemente indignada. «No queremos precios ficticios; estos solares son gratuitos y deberían responder a necesidades sociales reales».
Y es que este cambio en el uso del suelo afecta directamente al 20% más empobrecido de la población. Los terrenos involucrados abarcan zonas como Son Quint y s’Olivera —destinados originalmente para deportes— y otros en Coll d’en Rebassa y Son Güells. Incluso un espacio destinado a un nuevo centro educativo en Son Peretó ha quedado atrapado en esta maraña administrativa.
Sin una resolución definitiva sobre el tema, todo vuelve al pleno municipal. Las alegaciones presentadas aún esperan respuesta. Alcázar fue clara: «Necesitamos vivienda social auténtica, no más negocio privado». Por si fuera poco, también han impugnado una ordenanza cívica relacionada que consideran invasiva y perjudicial para las administraciones locales.