En la mañana de este jueves, la Plaza de España se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre los acampados y las autoridades. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, no tardó en exigir a la Delegación del Gobierno que actuara con firmeza. Tras un acto en el Mercat del Olivar, se acercó a la concentración para dejar claro que «el objetivo es hacer cumplir la ordenanza». Y vaya si lo dejó claro; según él, era una auténtica vergüenza ver la imagen que se estaba proyectando.
Una situación insostenible
Mientras tanto, la Policía Local comenzó a levantar actas y sancionar a cada uno de los presentes que supuestamente estaban violando la ordenanza cívica y las normas sobre ocupación de vía pública. En medio del bullicio, los agentes intentaban identificar a quienes participaban en el campamento. «La Policía Local está lista para hacer cumplir las normativas», aseguraba Martínez. Sin embargo, se mostraba frustrado por la falta de respuesta por parte de la Delegación del Gobierno: «No puede ser que este ayuntamiento defienda derechos y deberes mientras ellos hacen dejadez de funciones», añadía con evidente indignación.
El alcalde insistió en que esta situación no podía seguir así: «La Delegación debe actuar dentro de sus competencias. Ya llevamos más de cuarenta días advirtiendo sobre esto». En su encuentro reciente con el nuevo delegado, recordó que la lealtad institucional no debería ser un tema electoralista. La imagen de Palma es importante y no puede verse empañada por conflictos innecesarios.
A medida que avanzaba el día, también se respiraba tensión entre los ciudadanos presentes. Algunos manifestaban su descontento: «¡No es legal sancionar a quienes defienden derechos civiles esenciales!», gritaban desde entre las filas del campamento. Así pues, Palma vive momentos difíciles donde las protestas se mezclan con una lucha desesperada por mantener el orden y proteger los derechos humanos básicos.