Este lunes, un grupo de casi setenta repartidores de Glovo, subcontratados por Flets, decidieron que ya era hora de alzar la voz. A partir del sábado, día clave para su trabajo, han anunciado una huelga porque, como ellos mismos dicen: «Nos jugamos la vida para conseguir tres euros por cada reparto». En algunos casos, ni siquiera llegan a eso, cobrando apenas 2,45 euros tras recorrer hasta treinta kilómetros entregando comida a clientes que prefieren pedir desde la comodidad de sus casas.
Condiciones laborales inaceptables
No son todos los repartidores de Glovo en Palma, pero sí una parte significativa. De más de 300 repartidores en la ciudad, 65 trabajan para Flets. Estos trabajadores se congregaron en las oficinas de Flets en la carretera de Valldemossa para expresar su indignación ante las condiciones laborales tan precarias que están sufriendo y el uso abusivo del alquiler de nóminas. «El que tiene un contrato a su nombre presta su permiso para operar en Glovo a otro que le paga solo mil euros en negro», denunciaban con razón.
Lisandro Wallace es el veterano entre ellos y cuenta con siete años de experiencia. Este lunes decidió dejar su trabajo tras enterarse de las nuevas condiciones impuestas por Flets desde Barcelona. Ahora pasarán a trabajar en bicicleta y sus ingresos bajarán aún más. Se pregunta inquieto: «¿Cómo justificamos un accidente si estábamos trabajando en moto?». Y no sólo eso; también advirtieron sobre el despido fulminante si alguien cae enfermo o tiene un accidente laboral.
«Prefiero seguir siendo autónomo antes que ser explotado así», afirmaba Lisandro con determinación. Hace dos años lideró las huelgas previas contra los falsos autónomos y logró mejoras significativas, aunque ahora se ven atrapados nuevamente entre empresas intermediarias que se quedan con casi todo lo recaudado mientras ellos deben costear sus vehículos y combustible.
Con gastos diarios que pueden alcanzar hasta 25 euros solo en gasolina y recorriendo más de 200 kilómetros al día, trabajar bajo estas circunstancias resulta desesperante. «Arriesgamos nuestra seguridad por tres euros por viaje», repetían los repartidores cansados mientras enfrentan atascos o desafiantes tormentas.
La situación ha llegado a tal punto que hay más de sesenta repartidores alquilando sus cuentas a inmigrantes sin papeles; una práctica sombría donde todos saben quiénes son los beneficiarios: empresas interesadas en mano de obra barata.
A pesar de haber denunciado esta situación al Gobierno central y al Govern balear, siguen sin recibir respuesta ni inspecciones laborales adecuadas. Mientras tanto, el restaurante paga unos catorce euros por pedido; once van destinados a las empresas y apenas tres llegan a manos del trabajador.
Este sábado está marcado como un día clave para estos valientes trabajadores que han decidido no ir a trabajar. Sin embargo, ya les han advertido desde la empresa que hay otros veinte listos para ocupar sus puestos…