Anna Moilanen, nuestra Defensora de la Ciutadania en Palma, se ha dirigido este viernes a los grupos políticos del Ayuntamiento con una preocupación que no podemos ignorar: «La situación es crítica», ha declarado sin rodeos. En su oficina, que debería ser un refugio para las quejas y necesidades ciudadanas, solo hay un auxiliar administrativo. Un panorama desolador si consideramos que el papel dice que deberían haber un administrativo y dos auxiliares. Pero incluso con esos tres, según Moilanen, no sería suficiente; lo mínimo necesario sería contar con un especialista jurídico.
Un servicio esencial en apuros
«El volumen y tipo de expedientes requieren atención especializada», apuntó Moilanen. La realidad es que su oficina está abierta al público de manera deficiente, y para muchos ciudadanos es el único recurso que les queda porque no pueden permitirse acudir a los Juzgados. «No se trata solo de mí, sino de la institución», insistió con firmeza.
Desde que asumió el cargo en 2016, la situación ha ido empeorando. Al principio contaba con un equipo mínimo: un auxiliar y un administrativo. Cuando había director adjunto, Vicente Rodrigo, fue cesado como parte del rediseño acordado entre PP y Vox. Desde la oposición empiezan a atisbar intenciones ocultas detrás de esta falta de personal. Daniel Oliveira del PSOE sostiene que existe un plan para «ahogar» a la oficina: «No quieren que tenga capacidad de gestión porque eso molesta». Y aunque esta situación ya lleva tiempo en pie, Lucía Muñoz de Podemos y Kika Coll de Més también claman por soluciones inmediatas: «Si el Ajuntament quiere poner solución ya empieza a ser hora», advirtió Coll con preocupación.
Desde Vox, Sara Cerdó reconoce el problema pero argumenta que no es exclusivo de esta oficina; parece ser una plaga común en casi todas las áreas del Ayuntamiento. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Es hora de actuar antes de tirar todo este esfuerzo por la borda.