MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) – En una jugada que ha dejado a más de uno con el corazón en un puño, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha decidido no permitir que el Departamento de Justicia lleve a cabo la polémica reforma del voto por correo impulsada por Donald Trump antes de las cruciales elecciones legislativas de noviembre. Este tribunal mantiene en pie una orden previa de un juez en Boston que había declarado ilegales las políticas del presidente, dejando claro que hay límites a los intentos de modificar el sistema electoral.
Un respiro ante la incertidumbre electoral
La decisión del panel, formado por tres jueces, significa que no se frenará el fallo anterior que prohibía a las agencias federales implementar la orden ejecutiva de Trump en al menos una veintena de estados y en el Distrito de Columbia. Esto ocurre mientras otros casos legales siguen su curso, incluidos aquellos iniciados por el Comité Nacional Demócrata y líderes del partido en el Congreso. De hecho, algunos ya anticipan llevar este tira y afloja hasta el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, esta orden judicial puede no ser nacionalmente aplicable, pero sin duda representa un obstáculo considerable para los planes de la administración actual. Durante años, Trump ha clamado sin pruebas que el voto por correo favorece ilegalmente a sus oponentes demócratas; ahora parece que sus esfuerzos se están tambaleando justo cuando más los necesita.
A medida que nos acercamos a noviembre, todos los actores políticos están intentando encarrilar las luchas legales relacionadas con las elecciones. Por otro lado, los jueces Gustavo Gelpí y Julie Rikelman expresaron preocupación al señalar cómo la orden ejecutiva ya estaba generando una ‘tensión increíble’ sobre los funcionarios electorales estatales. Es evidente que algo está fallando aquí.
A lo largo del proceso, algunos fiscales generales republicanos también han intervenido para respaldar esta controvertida orden presidencial. Sin embargo, quienes demandaron están preocupados porque sienten que podrían estar bajo amenaza legal si no utilizan listas federales para determinar quién puede votar.
No obstante, esta discusión va más allá; se trata realmente de cómo se gestionarán nuestras elecciones. La administración está vendiendo estas medidas como necesarias para prevenir fraudes, pero muchos creen firmemente que son solo una maniobra desesperada para alterar la manera en que operan las elecciones e introducir caos antes del día clave.
A finales de junio pasado, un juez en Boston decidió apoyar a aquellos funcionarios estatales demócratas que habían presentado demandas contra estas directivas ilegales. Y aunque uno pensaría que sería suficiente como advertencia para dejar todo como está hasta después del 3 de noviembre, sigue habiendo ruido y movimiento detrás del telón.