MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) – La historia de Yoo Suk Yeol está lejos de ser un cuento feliz. Este miércoles, el equipo especial de fiscales de Corea del Sur ha puesto sobre la mesa una petición que no deja lugar a dudas: diez años tras las rejas. Todo esto en relación a su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una medida tan polémica que acabó costándole el cargo.
Una acusación grave y dolorosa
El fiscal Cho Eun Suk no se ha andado con rodeos al afirmar que lo que hizo Yoon fue un «delito grave». Según él, privatizó las instituciones estatales con el fin de encubrir y justificar sus propios actos criminales. «Los actos criminales del acusado dañaron gravemente el orden público en Corea del Sur», explicó, dejando claro que hay muchas personas decepcionadas que confiaron en él y lo eligieron como presidente.
A pesar de todo esto, Yoon no ha mostrado señales de arrepentimiento; más bien, ha defendido su declaración de ley marcial durante todo el proceso judicial. El equipo fiscal ha desglosado la condena: cinco años por obstruir la justicia al evitar su propia detención en enero, tres más por vulnerar los derechos de nueve miembros del Gabinete a quienes no convocó para revisar su plan y dos adicionales por redactar y destruir una proclamación revisada después de levantar ese controvertido decreto.
La Fiscalía tiene claro que es necesario reparar el daño hecho a la Constitución y al legalismo en Corea del Sur. «Debemos exigir una rendición de cuentas estricta», enfatizaron desde su equipo. Se espera que el tribunal emita un veredicto sobre el cargo de obstrucción a la justicia el próximo 16 de enero, justo antes de que expire su arresto. Además, Yoon enfrenta otros juicios relacionados con este intento fallido de imponer la ley marcial; uno incluso por insurrección cuyo fallo podría conocerse en febrero.