En Palma, el debate está candente. Vox ha levantado la voz, y su concejal Fulgencio Coll no se ha cortado al proponer que la Policía Local entre en las viviendas para investigar posibles empadronamientos fraudulentos. En sus palabras, si hay un grupo grande de personas viviendo en una sola casa o incluso en locales comerciales, es momento de actuar. «Es lícito y legal empadronar a personas en edificios públicos», dijo Coll, pero eso no es excusa para dejar pasar irregularidades.
¿Estamos hablando de derechos humanos?
La intención, según él, es clara: hacer bajas de oficio para frenar fraudes. Y vaya si se ha puesto a favor de las comprobaciones policiales dentro de los domicilios. Sin embargo, este discurso ha generado reacciones. Podemos ya se prepara para llevar al próximo pleno una moción que busca proteger el derecho al empadronamiento y garantizar apoyo a quienes más lo necesitan en Palma.
Miquel Àngel Contreras, del partido Més, alertó sobre el alarmante desempadronamiento masivo: ¡15.000 personas podrían haber perdido su empadronamiento en solo dos años! Aquí no se habla solo de números; estamos hablando de derechos básicos como el acceso al transporte público o la escolarización para los más vulnerables.
Xisco Ducrós del PSOE también levantó su voz: «No podemos ignorar que vivir dignamente es casi una quimera con los precios actuales de la vivienda». Las palabras caen pesadas cuando dice que «es inaceptable» que decisiones administrativas priven a 200 personas del barrio Sa Presó de sus derechos fundamentales.
Lucía Muñoz, portavoz de Podemos y artífice de esa moción contra corriente, criticó duramente las afirmaciones del portavoz de Vox: «La normativa establece claramente que todos tienen derecho y obligación a empadronarse», subrayó con firmeza. Esta situación ya no es solo un tema administrativo; se está convirtiendo en un verdadero conflicto social.
El silencio durante esta discusión por parte de Lourdes Roca, regidora responsable del área social, también deja entrever una falta de respuesta ante un tema tan delicado como este. ¿Estamos realmente listos para tirar a la basura los derechos básicos? La comunidad debe reaccionar antes que sea demasiado tarde.