En una mañana soleada frente al Ajuntament de Palma, los agentes de la Policía Local no solo se han reunido para hablar; han salido a gritar, a exigir lo que consideran justo. La Delegación del Gobierno ha decidido llevar a los tribunales la reciente subida salarial acordada entre el Consistorio y los sindicatos durante las negociaciones de agosto. Un recurso contencioso-administrativo ya está en marcha, pidiendo además medidas cautelares para paralizar esta mejora tan esperada.
Una decisión polémica
Las fuentes oficiales de la Delegación sostienen que este acuerdo infringe las normas estatales básicas que protegen a los trabajadores públicos. Pero claro, desde el Ayuntamiento opinan que esto es un verdadero «obstáculo» a un avance logrado gracias al diálogo y consenso. El alcalde Cort ha sido muy claro: no solo están cuestionando una decisión local, sino que están poniendo en riesgo el reconocimiento y las condiciones laborales de quienes arriesgan su seguridad por nuestra comunidad.
La situación se vuelve aún más tensa cuando se considera que esta mejora representa un esfuerzo sin precedentes del Consistorio en recursos y modernización del cuerpo policial. ¿Por qué tratar de frenar algo que responde a las necesidades actuales? Se hace difícil entenderlo. En una reunión reciente, Llorenç Bauzà y Albert Abad han estado al pie del cañón junto a los sindicatos para explicarles el alcance del recurso presentado. Ambos han dejado claro su compromiso de defender lo acordado con uñas y dientes.
A partir de ahora, el Ajuntament asegura que tomará todas las medidas necesarias para asegurar la validez del acuerdo. Por si fuera poco, los sindicatos tienen previsto sumarse al proceso judicial porque creen firmemente en sus derechos. Y como dice el refrán: ¡La unión hace la fuerza! Este es un capítulo más en una historia donde todos merecen ser escuchados.

