En el corazón de Palma, hay un capítulo olvidado que empieza a salir a la luz. El Ajuntament ha puesto el foco en las 47 personas que han encontrado refugio en las viejas viviendas de los funcionarios de la antigua cárcel. Mercedes Celeste, portavoz del equipo de gobierno, nos revela que, sorprendentemente, «no hemos encontrado ningún niño» entre ellos. Y eso ya es un pequeño alivio en medio de esta situación tan compleja.
A medida que se desarrolla este drama humano, Serveis Socials ha intervenido ya en más de 30 casos. Cada historia aquí es única y diferente a la vivida por quienes estaban dentro del recinto carcelario. Pero lo cierto es que estamos ante un paso previo al desalojo, aunque esta vez no existe un riesgo inminente como antes.
Demolición en marcha y recursos disponibles
No podemos ignorar que este miércoles se aprobó el expediente para la demolición de los edificios anexos a esa prisión olvidada en la calle Alfons el Magnànim. Con un presupuesto base que asciende a más de 423 mil euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, parece que las máquinas comenzarán pronto a hacer su trabajo.
Pese a todo esto, Mercedes Celeste asegura que no se llevará a cabo ninguna demolición hasta que se complete la recuperación del inmueble. Es decir, están siendo cautelosos con cada paso dado.
A lo largo del tiempo desde el inicio del proceso relacionado con esta antigua prisión, el Consistorio ha tratado de poner todos los recursos disponibles al servicio de estas personas vulnerables. Una labor digna pero insuficiente si miramos con atención.
Para asegurarse de que nadie queda atrás, el Ajuntament está haciendo un seguimiento continuo mediante una comisión integrada por Servicios Jurídicos municipales y otras áreas clave. Se reúnen periódicamente para garantizar una actuación coordinada entre diferentes servicios municipales y así evitar situaciones lamentables como las ocurridas durante el anterior desalojo.

