Las máquinas han comenzado a rugir en Son Bordoy, un lugar donde el debate entre el desarrollo urbano y los derechos de las personas se ha intensificado. La promotora Pryconsa ha traído su maquinaria pesada para iniciar la construcción de 750 viviendas, de las cuales unas 600 tendrán algún tipo de protección. Sin embargo, este inicio no es un camino fácil; hay familias que llevan años viviendo en esos terrenos, y ahora se enfrentan a una batalla judicial con la promotora para evitar su desalojo.
Pryconsa asegura que hace dos semanas empezaron a preparar los terrenos. «Metimos unas máquinas para desbrozar y nos encontramos con que había una bomba de agua instalada por el asentamiento en uno de los pozos», comentan desde la empresa. Lo curioso es que durante los trabajos cortaron cables sin saber que eran vitales para el suministro de agua del asentamiento. Un pequeño detalle que refleja lo caótico de esta situación.
Un conflicto arraigado
La empresa insiste en tener todo en regla, afirmando: «tenemos licencia para trabajar». Pero la realidad es más compleja. Los solares tienen como propietarios a Pryconsa y al Ajuntament de Palma, donde viven alrededor de 200 personas desde hace casi tres décadas tras recibir un permiso temporal del alcalde Joan Fageda. Ahora, la llegada del desarrollo promete cambiarlo todo.
Pryconsa recalca: «En nuestro suelo no hay ocupantes autorizados» y añade que compraron los terrenos mediante una subasta tras una quiebra. Pero aquí viene lo chocante: el Ajuntament les ha iniciado un expediente sancionador por las chabolas existentes y las basuras acumuladas, ¡una multa que podría alcanzar cientos de miles de euros! ¿Y la pregunta que queda flotando es? Si ese asentamiento es ilegal, ¿por qué se les ha permitido empadronarse?
A día de hoy hay un proceso judicial abierto sobre el desalojo, y si este no se lleva a cabo, una parte significativa del proyecto podría quedarse en nada. Desde Pryconsa cuestionan: «¿El beneficio económico de unos pocos está por encima del bienestar social?» La propuesta incluye 750 viviendas en total; 150 irán destinadas al Ajuntament (87 VPO y 67 libres), mientras otras 600 serán gestionadas por Pryconsa (250 libres y 400 a precio tasado).
Las dificultades administrativas también juegan su papel aquí; según ellos, ya comenzaron con el proceso urbanístico en 2014 pero todavía están lejos de conseguir todas las licencias necesarias para avanzar en la obra. Para colmo, están lidiando con tres administraciones diferentes.
Pryconsa está involucrada también en otro proyecto en Son Güells cuya comercialización ya ha comenzado. Aunque reconocen que estas zonas nuevas no suelen ser la primera opción para quienes buscan casa; siempre hay algo más atractivo donde mirar primero. Y entre tanto revuelo, los problemas relacionados con algunos caravanistas aún permanecen latentes.