Antonio Pérez, un vecino de 70 años en la barriada de Son Gotleu, se enfrenta a una situación desesperante. Vive en un piso que parece más un campo de batalla que un hogar. «Me hacen la vida imposible, estoy indefenso», lamenta con voz quebrada mientras mira a su alrededor, donde los escombros son testigos silenciosos de su calvario.
Desde hace 14 años reside allí, llegó con un contrato de alquiler que prometía estabilidad. Sin embargo, todo cambió cuando el antiguo propietario vendió el piso a un nuevo dueño que ahora amenaza su tranquilidad. Antonio cuenta cómo el nuevo propietario comenzó a hacer reformas sin previo aviso, dejándolo rodeado de restos de obra tanto dentro como fuera del apartamento. «Venían por la mañana, trabajaban dos horas y se marchaban dejando todo esto aquí», dice señalando las bolsas llenas de desechos.
Un laberinto legal y personal
La angustia se apodera de él al recordar las constantes amenazas del propietario: «Quiere echarme y me acosa», relata con nerviosismo. Aunque ha denunciado la situación ante la Policía Nacional, siente que está solo en esta lucha. El propietario le ha dejado claro su desdén: «En mi país hacemos así. Si no pagas, te destrozamos la casa». A pesar de que Antonio argumenta sobre su precaria situación —sin luz y con agua corriente escasa— se siente atrapado en un laberinto legal.
«Llevo tres meses sin poder ducharme y lavo los platos en el lavabo», explica, evidenciando lo difícil que es vivir así. Y aunque hace tiempo dejó de pagar el alquiler debido a estas condiciones inhumanas, teme lo peor cada día al ver cómo su hogar se deteriora aún más. Con resignación añade: «Si me voy, ya no vuelvo». Un grito mudo por ayuda que resuena entre las paredes desgastadas del lugar donde intenta sobrevivir.