La noche del viernes, el sonido de las cacerolas resonó con fuerza en Cas Capiscol. Los vecinos, llenos de preocupación y cansados de vivir con miedo, decidieron salir a la calle para hacerse escuchar. Esta movilización no es solo una queja más; es un grito colectivo de quienes ven cómo su barrio se transforma en un lugar peligroso.
Un barrio afectado por el abandono
La AMIPA del CEIP Cas Capiscol y la Asociación de Vecinos han levantado la voz ante el creciente número de delitos que asolan tanto a este barrio como al cercano Amanecer. En el centro del conflicto está la antigua cárcel de Palma, un edificio olvidado que ha pasado a ser un nido de inseguridad. Desde robos hasta episodios violentos, los relatos de los residentes son desgarradores: «No podemos permitir que nuestros hijos vayan al colegio en estas condiciones», dicen, angustiados.
El cierre de la prisión en 2014 dejó un vacío que hoy se siente como una herida abierta. Sin control alguno, diferentes grupos han ocupado ilegalmente el espacio y han propiciado un clima tenso, donde incluso los escolares sienten el peso del miedo cada vez que cruzan sus calles. «Hemos tenido que reorganizar cómo entran los niños al colegio para garantizar su seguridad», aseguran desde la AMIPA.
No solo se trata de lo que ocurre dentro del antiguo recinto penitenciario; sus alrededores también sufren las consecuencias. La falta de acción efectiva ha llevado a una escalada en actividades ilícitas que afectan a todos: padres preocupados por sus hijos y educadores intentando mantener un ambiente seguro para aprender.
Las palabras resuenan en las calles: “Los políticos deben actuar”. Y aunque hay quienes aseguran que las leyes están hechas para proteger a quienes delinquen, lo cierto es que el cambio necesita más voluntad política. Una situación insostenible exige soluciones urgentes antes de que sea demasiado tarde.