Era un día cualquiera en el centro de protección animal de Son Reus, cuando la tragedia se desató. Un perro, asustado y en una jaula, mordió a dos empleados que solo cumplían con su deber. La noticia no tardó en correr como la pólvora y desde UGT, el sindicato más representativo del sector, pusieron el dedo en la llaga: este ataque es un claro reflejo de «la externalización y la precariedad» que vive el lugar.
El pasado sábado, esos dos valientes trabajadores tuvieron que ser ingresados tras las mordeduras. Las heridas eran tan graves que los médicos estaban considerando incluso reconstruir el pecho de una de las víctimas, una auxiliar de veterinaria que entró sola a alimentar al animal. Esto es alarmante, porque por protocolo deberían haber estado dos personas allí. ¿Dónde está la lógica?
La sombra de la privatización
Juan José del Teso, responsable del sector Servicios a la Comunidad de UGT Servicios Públicos, no ha dudado en manifestar su indignación: «Nos encontramos con una plantilla infradotada». Desde que se privatizó el servicio el 25 de junio, las condiciones han empeorado drásticamente. Ahora estos trabajadores cobran apenas 1.200 euros al mes, mientras que sus compañeros en Emaya ganaban el doble por hacer lo mismo.
Athisa, la empresa granadina que ahora gestiona Son Reus, prometió dotar al centro con más personal al hacerse cargo; sin embargo, todo ha ido cuesta abajo. Los gritos desesperados de la auxiliar fueron suficientes para alertar a un guarda de seguridad que corrió a ayudarla… y terminó también mordido.
Este escenario nos lleva a preguntarnos: ¿hasta cuándo vamos a permitir que se tiren a la basura los derechos laborales? La precariedad no puede ser nuestra única opción. Es hora de hacer ruido y exigir cambios reales.