En una tarde cargada de emociones, los barrios de Palma se reunieron en Son Rapinya para manifestar su descontento con una nueva ley del suelo que está a punto de ser aprobada en el Parlament. La Federació dAssociacions de Veïns de Palma organizó una asamblea casi repleta, donde cerca de medio centenar de barrios se unieron para debatir sobre lo que consideran un ataque directo a su forma de vida.
Durante el encuentro, se acordó fomentar reuniones en cada barrio, ya sea en locales o incluso en plena calle si es necesario. Además, se planea participar activamente en la manifestación programada para el día 7, justo cuando se vote la ley. «Lo que está en juego es qué ciudad queremos, qué vida queremos para nosotros y nuestros hijos», subrayó Maribel Alcázar, presidenta de la federación. Ella no dudó en calificar esta ley como algo que podría convertir Mallorca en «tierra quemada», algo que nadie esperaba ver reflejado en el programa del PP.
Un clamor vecinal contra la especulación
El malestar entre las asociaciones vecinales ha ido creciendo a medida que se han negociado los detalles de esta ley. Originalmente concebida como un decreto para desbloquear suelo urbanizable en Palma y permitir un crecimiento desmedido sin tener en cuenta las exigencias previas, ya había encendido la chispa de la indignación. Ahora, con el texto final abierto a construir incluso en áreas rústicas –diseñadas para crecer pero a largo plazo–, los vecinos ven cómo sus barrios pueden convertirse pronto en zonas saturadas por grandes bloques residenciales.
La inquietud va más allá; preocupa el colapso circulatorio y la falta crónica de equipamientos básicos como centros de salud y colegios. “Es inaceptable usar la emergencia habitacional como excusa”, afirmó Alcázar. Y no es para menos: “¿Para quién serán esas viviendas?” resonaba como eco entre los asistentes. Si realmente fueran destinadas a solucionar esa emergencia habitacional, argumentaban desde la federación, deberían haberse establecido niveles mínimos de protección más estrictos.
A día de hoy, nada garantiza que esas nuevas viviendas sean accesibles; hasta un 50% podrían ser completamente libres y las consideradas ‘de precio limitado’ partirían desde cifras inalcanzables para muchos ciudadanos. Esto hace recordar tiempos pasados donde construir más no llevó a bajar precios; fue precisamente lo contrario lo que ocurrió durante la burbuja inmobiliaria anterior.
Ante este panorama desolador, se plantearon propuestas concretas: exigir al Ajuntament que no se adhiera al régimen rústico y consultar siempre a los vecinos antes de cualquier movimiento urbanístico: “Ni un palmo de tierra que se mueva sin nosotros”. Asimismo, Alcázar propuso crear un mapeo sobre solares urbanos sin uso para obligarles a construir vivienda social o expropiarlos si fuera necesario.