En un giro que ha encendido las alarmas, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha declarado que la presencia militar israelí en las zonas de Cisjordania desalojadas durante la ofensiva de 2025 será considerada «permanente». Esta decisión afecta a lugares como los campamentos de refugiados de Yení, Tulkarem y Nur Shams, donde miles de palestinos fueron desplazados.
Un Tribunal sin poder para decidir sobre vidas
Katz no se ha cortado al afirmar que el Tribunal Supremo israelí no debería intervenir en este asunto. Sus palabras llegan tras un dictamen del mismo tribunal que sostiene que no hay condiciones adecuadas para permitir el regreso a casa de los decenas de miles de palestinos que fueron forzados a huir. A pesar del fallo, Katz ha solicitado al Ejército un calendario para ese retorno tan necesario.
Según él, la permanencia del ejército en estos campamentos no es una cuestión judicial, sino una medida necesaria por razones de seguridad operativa. “Esto salva vidas, tanto las nuestras como las civiles”, subraya Katz, refiriéndose a las amenazas externas apoyadas por Irán y los Hermanos Musulmanes. Así, considera que la intervención del Tribunal Supremo en decisiones relacionadas con seguridad no tiene cabida: «No pueden meterse en lo que pasa en Gaza o Siria tampoco».
Aunque suena alarmante, Katz también destaca un dato notable: asegura que esta presencia militar ha llevado a una disminución del terrorismo en Cisjordania hasta niveles históricos mínimos. Sin embargo, este tipo de afirmaciones deja una sensación ambigua ante la realidad cotidiana y sufrida por muchas familias palestinas.