El panorama político en Perú ha dado un giro inesperado. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, acaba de promulgar una ley que exime a las fuerzas policiales y militares de responder ante la justicia ordinaria por sus abusos contra la población civil. Y sí, lo has leído bien: ahora solo se considerarán crímenes de lesa humanidad si se demuestra que estos actos formaron parte de un ataque sistemático. Esto es como tirar a la basura el derecho a la justicia.
Una norma que levanta ampollas
Esta medida surge tras una serie de iniciativas legislativas propuestas por partidos como Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, junto con aliados como Renovación Popular y Avanza País. La norma se ha hecho oficial después de que el actual presidente, José María Balcázar, no actuara dentro del plazo establecido. Desde su aprobación, los defensores de esta ley argumentan que su intención es fortalecer las funciones policiales y militares, cuyo historial está lleno de sombras debido a múltiples abusos.
Pongamos esto en contexto: solo entre finales de 2022 y principios de 2023, cientos de ciudadanos perdieron la vida durante las protestas provocadas por la destitución del expresidente Pedro Castillo. Aunque el Congreso decidió cerrar el caso contra la entonces presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola, la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre más de 300 efectivos involucrados en esos trágicos eventos. Sin embargo, estos casos han estado dando vueltas sin rumbo fijo entre despachos oficiales, generando desconfianza entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Bajo esta nueva normativa, los policías o militares no podrán ser investigados simultáneamente en un tribunal civil si hay un proceso militar activo relacionado con los mismos hechos. Además, se establece cadena perpetua para aquellos miembros que colaboren con bandas criminales. Y no olvidemos que esta reforma también busca proteger a antiguos militares procesados durante el mandato del padre de Keiko Fujimori: Alberto Fujimori.
Así están las cosas en Perú; mientras algunos celebran estos cambios como un avance para su seguridad nacional, otros ven cómo se pisan derechos fundamentales bajo el pretexto de ‘mejorar’ las instituciones.