En un giro inesperado de los acontecimientos, el Gobierno boliviano y los manifestantes que durante más de un mes habían cortado las carreteras del municipio de San Julián, han llegado a un acuerdo justo pasada la medianoche. Este pacto se produce en medio del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, quien busca restablecer la calma en una situación que ya se había vuelto insostenible.
Los manifestantes, cansados pero decididos, lograron que la Gobernación local se comprometiera a mejorar aspectos cruciales como el mantenimiento de caminos, electrificación, salud y educación. También aseguraron acceso al agua y atención a conflictos de tierra, además de garantizar el abastecimiento necesario de diésel y gasolina. Todo esto, mientras esperan con ansias el regreso policial a sus comunidades.
La esperanza vuelve a San Julián
Al final del encuentro, fue el gobernador Juan Pablo Velasco quien anunció con optimismo el «levantamiento inmediato del bloqueo en San Julián», una noticia que resonó rápidamente en las redes sociales gracias a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La capital, La Paz, ha comenzado poco a poco a recuperar su normalidad tras la declaración del estado de excepción que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con la Policía para despejar las carreteras después de 51 días llenos de protestas.
Según datos oficiales proporcionados por la ABC, alrededor de las 15:30 horas había 34 bloqueos activos; un número considerablemente menor comparado con los 40 registrados solo unas horas antes o los alarmantes 47 que se contaban el viernes. Mientras tanto, tanto en La Paz como en la vecina El Alto se observa una lenta pero constante reactivación: los mercados comienzan a abrir sus puertas nuevamente y se intensifican los esfuerzos para liberar rutas vitales para el día a día.