El 27 de abril, en Madrid, el Gobierno chino no se ha quedado callado y ha lanzado un duro mensaje hacia Estados Unidos. ¿La razón? Las sanciones impuestas a empresas chinas, que supuestamente tendrían conexiones con Irán. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, ha dejado claro que estas medidas son ilegales y unilaterales, carentes de fundamento en el Derecho Internacional. Y nosotros no podemos quedarnos al margen.
Una defensa férrea de los derechos empresariales
Lin Jian ha exigido a Washington que cese de inmediato con esta práctica equivocada de abusar de las sanciones y utilizar su legislación para extender su poder más allá de sus fronteras. “China defenderá decididamente los derechos e intereses legítimos de nuestras empresas”, añadió, poniendo sobre la mesa la firmeza con la que su país se plantea enfrentar esta situación.
Todo esto ocurre justo después de que Hengli, una petroquímica china crucial para el sector energético del país y segunda refinería privada más grande, rechazara tener cualquier tipo de vínculo comercial con Irán. Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense decidió imponer sanciones basándose precisamente en esa supuesta relación comercial.
No olvidemos que el Tesoro argumenta que Hengli es un actor vital en la economía petrolera iraní al adquirir crudo por miles de millones desde Teherán. Pero lo cierto es que detrás de este conflicto hay mucho más en juego: los intereses económicos globales y cómo cada país lucha por proteger lo suyo.