MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) – En un giro inesperado que ha traído alivio a miles, un tribunal estadounidense ha decidido suspender la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 60.000 migrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta decisión es crucial porque evita que la Administración del presidente Donald Trump les devuelva a sus países en este momento tan complicado, donde las políticas migratorias están más duras que nunca.
A pesar de que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, había afirmado que las condiciones en estos países ya no justificaban el TPS y que se preparaban para tirar a la basura esta protección vital, el tribunal californiano ha dicho ‘basta’ justo antes de que esta medida entrara en vigor.
Una batalla por los derechos humanos
En el caso nepalí, se esperaba que el TPS –que afecta a aproximadamente 7.000 migrantes– expirara el 5 de agosto. Mientras tanto, para los hondureños –que suman unos 51.000 beneficiarios permitidos a trabajar durante 25 años en EEUU– estaba marcado como fecha límite el 8 de septiembre. Y no olvidemos a los nicaragüenses, otros 3.000 ciudadanos, quienes también se enfrentaban al mismo destino inminente.
Xiomara Castro, presidenta de Honduras, celebró la ampliación del TPS hasta noviembre y reafirmó su compromiso: «Mi equipo apoyará sin descanso la defensa de sus derechos». Sus palabras resuenan con fuerza; cada esfuerzo cuenta en esta lucha interminable.
Pese a esto, la Administración Trump sigue firme en su intención de eliminar estas protecciones y acelerar las deportaciones. En paralelo, alrededor de 350.000 venezolanos y 500.000 haitianos ya han visto cómo les retiraron sus TPS recientemente; una situación alarmante que también afecta a afganos y cameruneses.