Este domingo, Donald Trump ha decidido dar un paso más en su respuesta a las crecientes protestas en California, anunciando que planea criminalizar el uso de máscaras durante las manifestaciones contra su gobierno. Todo esto surge tras los alborotos y concentraciones masivas donde miles han levantado la voz por la política de detenciones del servicio de Inmigración (ICE) que afecta a migrantes sin papeles.
La situación se ha vuelto tan tensa que, el sábado, Trump no dudó en ordenar el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional. ¿El objetivo? Disolver estas concentraciones y controlar lo que muchos critican como una violación de derechos constitucionales. Sin embargo, lejos de amedrentarse ante las críticas, el presidente aplaudió lo que considera un “gran trabajo” por parte de la Guardia Nacional.
Culpables y responsables en la mira
No es sorprendente que Trump haya dirigido sus dardos hacia el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Según él, son unos incompetentes que han optado por mirar hacia otro lado mientras los disturbios estallan en sus ciudades. “¿Qué tienen que esconder esta gente?”, se preguntaba Trump refiriéndose a los manifestantes con máscaras. El presidente no escatima en palabras para acusar a la “izquierda radical” y a los “instigadores pagados” por avivar estas llamas sociales.
A pesar del aluvión de críticas, muchos defensores de los derechos humanos destacan que esas intervenciones del ICE suelen estar rodeadas de individuos sin identificación y cubiertos. Por su parte, el ICE justifica sus acciones alegando que son necesarias para proteger a sus agentes frente al creciente rechazo popular.
Días como estos nos hacen reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestros derechos básicos y cómo cada decisión tomada desde arriba puede alterar profundamente nuestras vidas cotidianas.