En un giro sorprendente de los acontecimientos, la Policía Nacional ha decidido investigar a una empresa dedicada a la instalación y respuesta de alarmas en Calvià. Durante una inspección, los agentes se encontraron con dos cajas fuertes que guardaban las llaves de los usuarios. ¿Y qué más? Folletos informativos sobre sus servicios, incluyendo la atención 24 horas y comprobaciones diarias en más de 800 alarmas.
Una falta grave que afecta a todos
Los miembros de la Unidad Central de Seguridad Privada, junto a sus colegas en Balears, descubrieron que esta compañía carecía de la habilitación legal necesaria para operar. A través de vigilancias y seguimientos, confirmaron que estaban realizando funciones reservadas exclusivamente a profesionales acreditados del sector. Esto no es solo un simple error; se trata de una infracción grave que pone en riesgo tanto a los usuarios como al correcto funcionamiento del sector.
Según la Policía Nacional, este tipo de prácticas ilegales son un auténtico peligro. Las empresas debidamente autorizadas trabajan mano a mano con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener todo bajo control y garantizar la seguridad pública. En un acto cautelar, los agentes intervinieron varios activos de la empresa mientras se tramitan las sanciones correspondientes.
Prestar servicios sin autorización no es cuestión menor; puede acarrear multas que alcanzan hasta los 600.000 euros. La Ley de Seguridad Privada 5/2014 no solo penaliza a estas empresas sin licencia, sino también a sus usuarios e incluso al personal involucrado, lo cual podría traducirse en sanciones individuales que llegan hasta los 20.000 euros. No podemos permitir que nuestra seguridad se convierta en un juego arriesgado.