La historia que vivimos este jueves en el pleno de Palma fue un tira y afloja entre PP y Vox que nos deja un sabor agridulce. Ambos partidos decidieron aplazar las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta el 31 de diciembre, como si así solucionaran el problema real. La regidora de Vox, Gari Durán, trajo a la mesa una moción pidiendo ni más ni menos que retirar esta zona y eliminar las sanciones para los coches que no cumplan con la normativa. Su argumento es contundente: «para implantar la ZBE, se partió de información parcial sobre la contaminación. ¡El centro es la zona menos contaminada de la ciudad!». Con ese discurso, pedía suspender sine die cualquier régimen sancionador en el corazón de Palma.
Un baile entre intereses
Mientras tanto, el concejal de Mobilitat, Antonio Deudero, se mostraba preocupado por las inquietudes del equipo de gobierno y apoyó extender el aplazamiento hasta finales del año 2025, dejando claro que si las circunstancias no cambian, podrían prorrogarlo aún más. Pero lo más llamativo fue escuchar a Miquel Àngel Contreras, del partido Més, alertando que «PP y Vox están jugando con normativas europeas. Ustedes son unos antisistema. Aquí quien pierde es la salud de las personas y nuestro medio ambiente». Y no le falta razón.
Por otro lado, Xisco Dalmau, concejal socialista, mostró su frustración ante esta decisión: «Este acuerdo es ilegal. Incumple lo establecido tanto a nivel nacional como europeo. Es una ZBE fake». A solo un mes del inicio del régimen sancionador, Dalmau dejó claro que no se puede estirar esta situación hasta diciembre.
Gari Durán volvió a defenderse señalando que «lo único fake aquí es el informe sobre el cual se basa esta ZBE», enfatizando cómo esas medidas parecen estar hechas para aquellos ciudadanos “desahogados” o simplemente irresponsables. En definitiva, ¿quién está realmente ganando en este juego? Mientras tanto, seguimos esperando respuestas efectivas para un problema tan urgente.