El pasado jueves, en un pleno que prometía ser más tranquilo, Dídac Alcalà, representante de Plataforma per la Llengua, lanzó una bomba: van a impugnar tres convocatorias de empleo del Ajuntament de Palma. ¿La razón? No exigen conocimientos de catalán. En concreto, las ofertas son para trabajar en la EMT, la Funeraria y la SMAP (la empresa que gestiona los aparcamientos y BiciPalma). Una situación que no solo sorprende, sino que también indigna.
Derechos lingüísticos en juego
Alcalà explicó que esta decisión del Ajuntament «no respeta los derechos lingüísticos» de los ciudadanos ni tampoco se ajusta a lo que marca la ley sobre procesos de selección. Según él, en estas convocatorias el conocimiento del catalán se considera un simple mérito y no un requisito esencial; incluso hay casos donde ni siquiera aparece como criterio a valorar. Esto significa que cualquier persona sin conocimiento del idioma podría conseguir un puesto, lo cual va en contra de las normativas que garantizan el derecho a ser atendido en cualquiera de nuestras lenguas oficiales.
En palabras contundentes, la Plataforma asegura: «Estamos aquí para luchar por nuestros derechos lingüísticos». Y Dídac no se quedó callado: mandó un mensaje claro al equipo de gobierno: «Habéis cruzado una línea roja sin necesidad de presión. Rompéis con un consenso histórico y elimináis algo apoyado por muchos». En fin, una situación crítica que refleja cómo estamos tratando nuestro patrimonio lingüístico.
Esta polémica tiene raíces profundas; forma parte del acuerdo entre PP y Vox donde prometen fomentar el uso equitativo del catalán y castellano en todos los ámbitos administrativos. Sin embargo, hace un año ya se aprobó convertir el catalán en mérito para ciertos puestos dentro del consistorio y sus organismos asociados. Esa revisión estaba prevista para completarse antes del 1 de julio… ¡y seguimos esperando! Aunque fuentes cercanas aseguran que está en marcha este proceso, las conversaciones entre socios son todo un misterio.