Las calles de Pere Garau, siempre tan vibrantes, han sido escenario de un nuevo capítulo en la lucha por los derechos ciudadanos. Con el plazo para presentar alegaciones a la polémica ordenanza cívica ya cerrado, más voces se suman al coro de oposición. Ayer, Palma XXI y Vianants Mallorca manifestaron su desacuerdo con varios puntos que consideran problemáticos.
Una norma llena de sombras
Desde Palma XXI no se andan con rodeos: este grupo señala que la normativa está plagada de medidas «penalizadoras» que, en lugar de abordar las raíces de los problemas sociales, simplemente buscan esconderlos bajo la alfombra. Según ellos, penalizar la mendicidad solo aumenta el estigma hacia quienes ya sufren las consecuencias de una desigualdad social galopante.
Además, critican que las disposiciones sobre las concentraciones de personas son tan vagas que dejan mucho a la interpretación personal. ¿Qué significa realmente alterar la tranquilidad del entorno? Para Palma XXI, lo mejor sería crear un texto nuevo donde todos tengamos voz y podamos aportar nuestras inquietudes.
Pero no son los únicos preocupados. Vianants Mallorca ha puesto el foco en otro aspecto: el uso del espacio público para jugar. Dicen con razón que limitar y castigar el derecho al juego infantil es una barbaridad cuando ya es difícil encontrar lugares seguros donde los peques puedan disfrutar. «Recordemos que muchas veces jugar en casa no es una opción viable», apuntan desde esta entidad.
Añaden que ya hay regulaciones suficientes sobre aglomeraciones y deterioro urbano, así que mencionar específicamente el juego les parece innecesario y hasta contraproducente. El mensaje es claro: la comunidad quiere ser escuchada, y este tipo de normativas solo nos alejan más unos a otros.