Hace cinco años, el mundo miraba con temor cómo los talibanes tomaban Kabul, marcando el regreso de un régimen que ha hecho del apartheid de género su principal bandera. Mientras tanto, la ONU hace un llamado a la comunidad internacional para que no normalice relaciones con este gobierno que avanza en su agenda opresiva sin ningún tipo de reparo.
Desde aquel fatídico agosto de 2021, hemos sido testigos del colapso humanitario en Afganistán. Las mujeres han sufrido el golpe más duro, relegadas a una existencia donde sus derechos son pisoteados sistemáticamente. Alessia Schiavon, directora ejecutiva de FIBGAR, no se corta al señalar que “Afganistán se ha convertido en una experiencia piloto del apartheid de género”. Y lo dice claro: “Las restricciones afectan a cada aspecto de la vida”, desde la educación hasta la salud, dejando a las mujeres y niñas atrapadas en un ciclo infernal.
Un régimen que vigila y controla
Imaginemos por un momento lo que es vivir bajo el constante escrutinio de “inspectores morales” que se aseguran de que las mujeres estén siempre acompañadas por hombres. Es espeluznante pensar que incluso entran en quirófanos para comprobar si cumplen con estas normas absurdas. Las autoridades talibanas han transformado a familiares en auténticos vigilantes del hogar; padres y hermanos ahora tienen como tarea controlar cada paso que dan las mujeres.
A pesar del desolador panorama, hay quienes aún abogan por una forma extraña de normalización internacional hacia este régimen brutal. Algunos países europeos están cambiando sus posturas por intereses migratorios, olvidando por completo los compromisos con los derechos humanos. La realidad es dura: normalizar a quienes persiguen a más de la mitad de su población solo legitima la opresión.
No podemos cerrar los ojos ante un líder como el mulá Haibatulá Ajundzada, quien está acusado por crímenes contra la humanidad. Mientras él sigue escondido en Kandahar, sus decisiones siguen afectando día tras día a millones de afganas cuyo único deseo es vivir libres y sin miedo.
A través del ‘Decreto 18’, aprobado recientemente, vemos cómo se institucionalizan matrimonios forzados desde la infancia y se refuerza el control masculino sobre decisiones vitales para las mujeres. Amnistía Internacional y otras organizaciones claman por cambios radicales porque este sistema necesita ser reestructurado desde sus cimientos.
Así estamos en Afganistán hoy: sumidos en una crisis humanitaria sin precedentes mientras el resto del mundo debate si debe o no interactuar con quienes niegan lo más básico: el derecho a existir dignamente.