La antigua cárcel de Palma, un lugar que ha sido testigo de muchas historias y realidades, se prepara para una nueva etapa. Este martes, el alcalde Jaime Martínez anunció que ya hay un auto judicial listo para llevar a cabo el desalojo inmediato de este recinto. En una rueda de prensa convocada con urgencia, detalló que el pasado viernes se presentaron los informes del Ajuntament solicitando esta acción.
A las cinco de la tarde del mismo día, el juzgado emitió la orden correspondiente. De hecho, el próximo jueves se celebrará una junta de seguridad entre el Ajuntament y la Delegación de Gobierno para coordinar cómo proceder con este desalojo en el que aún residen unas 80 personas.
Un dilema complicado
Martínez dejó claro que «el auto acredita que no hay entre los residentes ningún menor ni víctima de violencia de género que necesite medidas especiales». Sin embargo, la situación es más compleja. Recuerdos del pasado asoman cuando pensamos en lo ocurrido en Son Banya, donde las decisiones tomadas por aquellos “medio alcaldes” esparcieron a muchos personajes difíciles por toda la ciudad. Es cierto que hay personas “normales” viviendo allí, pero también existen quienes son completamente incompatibles con una convivencia pacífica.
No podemos dejar de preguntarnos: ¿qué pasará con ellos? Si se les desalojan sin un plan claro, corren el riesgo de ocupar otros lugares vacíos en Palma. Muchos piensan que esta estrategia carece de sentido y debería haberse abordado desde antes. Derribar la cárcel puede ser solo una parte del problema; ¿qué hacer con quienes ahora llaman a ese lugar su hogar? Un dilema complicado al que debemos prestar atención.