En el corazón de la calle Concepció, un edificio se ha convertido en el escenario de una crisis que nos toca a todos. Desde hace meses, unos 40 residentes, entre ellos nueve menores, viven una situación insostenible: sin agua corriente. La culpa recae sobre un propietario alemán, que parece más interesado en su beneficio que en las necesidades básicas de sus inquilinos. Este mismo viernes, todos los partidos políticos han alzado la voz para exigir a Emaya que restablezca el suministro de forma urgente.
A principios de mes, los vecinos denunciaron esta falta de agua desde el 28 de abril. A pesar de pagar un alquiler mensual de 700 euros al administrador del edificio, no reciben ningún recibo ni contrato a cambio. Es como si estuvieran tirando su dinero a la basura mientras se ven obligados a cargar garrafas desde fuentes públicas.
Una situación insostenible y una respuesta insuficiente
Miquel Busquets, regidor de Innovació, justifica el corte diciendo que todo fue consecuencia de un impago. Sin embargo, esto no es suficiente para muchos. Lucía Muñoz, representante de Podemos, subraya la gravedad del asunto: «Aquí hay un claro caso de acoso inmobiliario y lo peor es que el Ajuntament está apoyando a este inversor». Su grito resuena con fuerza y refleja lo indignante que resulta ver cómo se vulneran derechos básicos.
El clamor por parte del PSOE, Més y Vox también ha sido contundente; piden acción inmediata para restablecer la corriente y proteger a quienes no pueden defenderse solos. Anna Moilanen, defensora de la ciudadanía, recuerda que hay personas viviendo allí y cuestiona la decisión tomada por Emaya al cortar el agua sin tener en cuenta las circunstancias humanas.
Mientras tanto, los afectados siguen luchando por su dignidad y sus derechos básicos. No podemos quedarnos callados ante esta situación; es hora de unirnos y exigir lo justo para todos.