Jose, un hombre lleno de preocupación, se encuentra en una situación que parece sacada de una película. Su mujer, una española de 36 años, ha entrado en la cárcel de Palma por robar cuatro bandejas de jamón serrano en un supermercado, un acto que le costó nada menos que 571,39 euros. En diciembre, fue sorprendida mientras intentaba llevarse el producto y, ya en enero, aceptó su culpa ante la magistrada. La condena fue dura: cinco meses tras las rejas.
Una lucha por el tercer grado
“Estamos pidiendo a la Junta Directiva que le concedan el tercer grado”, dice Jose con firmeza. Este hombre no puede evitar sentir indignación al pensar que su mujer terminó así por haber robado comida. “Ella debería haber estado en el CIS (Centro de Inserción Social), no encerrada. ¿Por qué se castiga así a quienes roban para alimentar a sus hijos?” reflexiona.
Aunque admite que su esposa tiene antecedentes y otros juicios pendientes, él sostiene con pasión que no merece estar allí. “Robó porque necesitaba dar de comer a nuestros cuatro hijos”, añade con un nudo en la garganta. Tres de ellos son menores; tienen 16, 8 y 5 años. “Necesitan a su madre”, repite como un mantra.
El próximo 16 de mayo será crucial; es cuando la Junta decidirá sobre su futuro. Si no logran el tercer grado, Jose está dispuesto a todo: “Haré una huelga de hambre frente a la prisión hasta que se lo concedan”. Ha pagado responsabilidades civiles por hurtos anteriores y asegura que desde que encontró trabajo ha dejado esa vida atrás. “La necesitamos aquí”, concluye este padre preocupado por lo que pueda pasar si pierden lo poco que tienen.