Paula, un nombre ficticio para proteger su identidad, es solo una de las al menos 400 mujeres afectadas por un caso que no deja indiferente a nadie. El dueño de un bar en Palma ha sido condenado por grabar a sus clientas con cámaras ocultas en los baños. Aquel día del 2022, Paula entró como tantas veces, pensaba disfrutar de una bebida tras su jornada laboral. «Era un día normal», recuerda, aunque ese día le cambiaría la vida para siempre.
El bar estaba casi vacío y ella se sentía segura en ese espacio. Pero el rostro del dueño, que parecía tan común, guardaba oscuros secretos. Paula lo describe como alguien callado con una sonrisa peculiar, pero jamás imaginó que pudiera llegar a hacer algo tan despreciable. Cuando su amiga le advirtió sobre las grabaciones y la instó a denunciar, el mundo de Paula se desmoronó.
La vergüenza y el miedo que persisten
Al verse en esos vídeos horripilantes, sintió cómo la vergüenza le quemaba por dentro: «Se veían mis partes íntimas y mi cara», dice con angustia. Pero lo peor no era eso; había algo más desgarrador: su hija pequeña había estado en ese mismo lugar muchas veces. «No han identificado a todas las niñas por cuestiones judiciales, pero pensar que podría estar grabada me aterra», confiesa Paula.
Ante esta situación insólita e inaceptable, Paula reflexiona sobre la falta de justicia real. Aunque el condenado recibió inicialmente una pena de dos años y ocho meses que luego se amplió a cuatro años, ella siente que esto no repara el daño hecho: «Invadir tu intimidad es algo muy grave», apunta con dolor.
A pesar de que los vídeos fueron confiscados, siempre queda esa sombra inquietante: ¿y si ya habían sido compartidos? Es una carga emocional pesada que arrastra constantemente: «Siempre tenemos que estar jodidas nosotras». La lucha continúa para Paula y muchas como ella; es hora de poner fin a esta impunidad.