El Col·legi d’Advocats ha encendido las alarmas. Aunque hemos batido un récord de actuaciones en las Islas Baleares, la realidad es que el número de abogados de oficio sigue cayendo en picado. ¿Cómo puede ser que, mientras se multiplican los casos, cada vez haya menos profesionales dispuestos a defender los derechos de aquellos que no pueden pagar un abogado? Es una paradoja inquietante.
Un sistema al borde del colapso
Aina Vidal lo explica bien: “Estamos ante una situación crítica”. Los abogados de oficio son el pilar fundamental para garantizar el acceso a la justicia, pero parece que el sistema está tirando a la basura esta función esencial. No podemos dejar que esto continúe así. La defensa legal no debería ser un lujo; debería ser un derecho para todos.
Mientras tanto, vemos cómo otros problemas asolan nuestras comunidades: desde operativos policiales en Son Banya hasta irregularidades urbanísticas que afectan nuestro entorno. Todo esto pasa mientras seguimos sin poder contar con suficientes abogados que aboguen por quienes más lo necesitan.
No se trata solo de cifras frías; estamos hablando de personas, historias y derechos vulnerados. Si seguimos ignorando este problema, pronto nos quedaremos sin voces que defiendan a los más desfavorecidos. Y eso sí que sería una verdadera emergencia social.