Anna Moilanen, la Defensora de la Ciudadanía, ha alzado la voz este viernes para señalar algo que muchos en Palma ya conocen demasiado bien: el sufrimiento por los interminables retrasos en denuncias sobre ruidos, problemas urbanísticos y accesibilidad. Los ciudadanos llevan años esperando respuestas, mientras sus quejas parecen caer en un pozo sin fondo.
Durante su comparecencia, Moilanen no se guardó nada. Con ejemplos concretos y una sinceridad desgarradora, explicó cómo algunos residentes han visto como sus casos languidecen en un mar de burocracia. “La impunidad campa a sus anchas”, afirmó con firmeza. Y tiene razón; basta con mirar alrededor para darse cuenta del caos que hay.
Casos que indignan
Una vecina lleva 1.600 días esperando respuesta tras denunciar a un negocio que instaló dos chimeneas sin permiso justo al lado de su ventana. ¿Y qué ha pasado? Nada. El expediente se remonta a 2022, pero parece que las autoridades están más ocupadas con papeleo que escuchando a quienes sufren estas molestias día tras día.
Y eso no es todo; hay otro caso sobre unas obras ilegales que sigue estancado desde hace más de dos años y medio. En la calle Lledoners, una obra ilegal avanza sin licencia y ahora está alquilándose por 900 euros al mes. “Estos señores siguen con total impunidad”, lamentó Moilanen, reflejando así el sentir de muchos ciudadanos cansados de esperar justicia.
Aparte de los problemas urbanísticos, también destacó los retrasos en conceder Plazas de Movilidad Reducida (PMR). Hay solicitudes pendientes desde hace diez meses y les dicen que tendrán respuesta para principios de 2027. ¿Acaso hay alguna duda sobre por qué alguien solicitaría esto? Es triste ver cómo incluso hemos tenido casos donde se concedió una plaza después del fallecimiento del solicitante.
En cuanto a las denuncias por ruidos, constituyen el 30% del total recibido en su oficina. Los vecinos de La Lonja están desesperados por el ruido constante proveniente de una terraza; parece ser que todo depende del tipo de clientela para silenciarse o no. Tras tantos intentos fallidos, muchas personas sienten que solo les queda una opción: acudir a los tribunales.
Y no olvidemos el creciente número de denuncias relacionadas con nuevos negocios como academias y gimnasios abiertos sin descanso o incluso centros religiosos sin medidas adecuadas para garantizar la seguridad. “El Ajuntament debe decidir qué puede abrirse y qué no”, concluyó Moilanen, poniendo claramente sobre la mesa un problema que afecta directamente a nuestra comunidad.