En el corazón del Parlament, la presidenta del Govern, Marga Prohens, escuchó este jueves una acusación que retumbó en las paredes: Més y PSOE han denunciado lo que consideran una «filtración ilegal» de información personal sobre Pilar López, una mujer de 65 años a quien la vida le ha dado un duro golpe. Conocida por muchos como la Maricarmen de Palma, Pilar no tuvo más remedio que vivir dos meses en su coche antes de alzar la voz en el Parlamento y hacer visible su precaria situación.
Los ecosoberanistas no se andan con rodeos. Aseguran que es gravísimo que se haya hecho pública información sobre las ayudas económicas que recibió del Ajuntament. Ellos mismos lo declaran en un comunicado: «Es necesario investigar cómo ha salido a la luz esta información». Y no les falta razón. El portavoz del grupo municipal socialista en Cort, Francesc Dalmau, también ha alzado su voz en redes sociales, tildando lo sucedido como «muy grave». Según él, parece claro que hay un intento de desacreditar a alguien vulnerable justo cuando decide hablar sobre su situación.
Un asunto serio que merece respuestas
Dalmau advierte: «Se han desvelado datos privados con el único objetivo de cuestionarla públicamente». Por ello, han solicitado formalmente información al área de Servicios Sociales para entender qué ha pasado aquí. Porque, vamos a ser claros: ¿quién se siente cómodo sabiendo que sus datos pueden estar tirados por ahí como si nada? En palabras de Miquel Àngel Contreras, regidor de Més por Palma, esto es totalmente intolerable. Para él, es evidente que «las administraciones deben proteger a las personas vulnerables», no exponerlas al juicio público.
No sólo eso; Contreras va directo al grano y señala a Lourdes Roca, regidora de Bienestar Social, pidiéndole explicaciones sobre cómo se ha podido romper la confidencialidad. En su mente hay preguntas inquietantes: «¿De dónde ha salido esta información? ¿Quién ha tenido acceso?». Es completamente inaceptable permitir que expedientes sensibles lleguen a los medios sin el más mínimo respeto por quienes están detrás.
Més, además, recuerda firmemente las leyes existentes para proteger los datos personales. Es algo básico; nadie debería ser expuesto públicamente por haber buscado ayuda para salir adelante cuando ni siquiera tiene un techo donde vivir. Como bien dice Contreras: recibir ayudas sociales no debería ser visto como un delito.
A medida que avanzamos en esta historia llena de injusticias, queda claro que Pilar necesita apoyo para encontrar un hogar donde vivir dignamente y no ser objeto del escarnio público por haber pedido ayuda.