En noviembre, el PSOE decidió plantarse y presentar una denuncia contra el alcalde y su equipo de gobierno. El motivo no era otro que un incumplimiento constante en materia de transparencia. Y hoy, ¡vaya sorpresa!, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno les ha dado la razón. Desde que comenzó este mandato, se han presentado nada menos que 460 solicitudes de información, pero solo se han respondido 163. Es decir, un alarmante 65% de las peticiones siguen en la estantería del olvido.
Una normativa ignorada
Francesc Dalmau, portavoz socialista adjunto, lo dejó claro: «El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento establece que cualquier concejal debe tener acceso a toda la información y hasta ahora se nos ha negado». Aquí hay algo que no cuadra; si hay una norma, ¿por qué se tira a la basura? Con este fallo del Consejo, ahora están obligados a remitir toda la información solicitada en un plazo de 30 días.
Según los artículos 13 y 17 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Palma (publicado en el BOIB del 26 de abril de 2025), los concejales tienen derecho a acceder a todos los datos e informaciones necesarios para cumplir con sus funciones. Esto incluye el ejercicio del control y fiscalización sobre la administración municipal. No podemos permitirnos seguir viviendo en un monocultivo turístico donde la transparencia brilla por su ausencia.
Aparte, el grupo socialista del Consell de Mallorca también había denunciado al equipo de Llorenç Galmés por esta misma razón y nuevamente el Consejo les dio la razón. Es momento de exigir cuentas a nuestros representantes porque la transparencia es un derecho.