Desde bien temprano, a las siete de la mañana, un numeroso grupo de agentes de la Policía Local y técnicos de Asuntos Sociales se han instalado frente a la entrada principal de la antigua cárcel de Palma. Una carpa con mesas ha sido colocada para identificar a todas las personas que entran y salen del lugar. Entre tanto, un grupo de jóvenes, apenas en sus veintitantos, alzan la voz en protesta contra los periodistas: «¡No me grabéis, no tenéis mi consentimiento!», gritan al salir.
Uno de ellos, con rostro preocupado, lanza una pregunta que resuena entre todos: «¿Dónde iremos a dormir? ¿A la Plaza de España?». En medio del caos hay españoles y también extranjeros; muchos se marchan con mochilas y patinetes rumbo a sus trabajos. Un hombre que acaba de salir del recinto reconoce que no tiene ni idea de dónde irá cuando desaloje el lugar. «No estoy trabajando», dice mientras muestra su labio cubierto por sangre seca. «Una rata me ha mordido», explica con resignación sobre las heridas visibles en su cara.
Condiciones extremas y una intervención necesaria
Las condiciones dentro de la antigua prisión son alarmantes; kilos y kilos de basura apestan el ambiente y las ratas campan a sus anchas. A las ocho y media ha llegado Javier Bonet, primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, quien supervisa el operativo que estará durante dos días identificando a cerca de 200 residentes que habitan Sa Presó. Junto a él están el regidor Miquel Busquets y Alberto Abad, director general de Proyectos de Alcaldía, quienes comienzan un recorrido por el interior del penal.
Mientras tanto, Juan Felipe sale del recinto montado en su bicicleta camino al trabajo. Este colombiano asegura tener papeles y trabaja en construcción; sin embargo, lamenta: «No tengo contrato. Mi jefe me pide 3.000 euros para poder tenerlo», señala amargamente mientras reflexiona sobre su salario actual: 1.200 euros por un trabajo duro pero sin ningún tipo de seguridad laboral.