En un día que prometía ser rutinario, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, hizo un anuncio que resonará en cada rincón de la ciudad. Tras la presentación del Mes de la Ocupación, el regidor dejó claro ante los medios que la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico será definitiva en cualquier punto de Palma. Esta medida, que ya había sido anticipada, se presentará formalmente en las próximas reuniones del Ayuntamiento y tiene como objetivo frenar un fenómeno que ha transformado el paisaje urbano.
El pasado y el presente del turismo en Palma
Martínez no dudó en recordar cómo hace más de una década se prohibió el alquiler turístico plurifamiliar. Sin embargo, reconoció con algo de frustración que fue bajo el mandato del gobierno anterior cuando se permitió esta avalancha turística, gracias a personajes como Iago Negueruela. “Más de 100.000 plazas han invadido nuestras calles”, dijo Martínez, dejando entrever su descontento por una situación que ha afectado tanto a los residentes como al modelo económico local.
Aún así, no se quedó ahí. Aludiendo a las decisiones pasadas del gobierno anterior, añadió que “no se inspeccionó ni sancionó” adecuadamente durante esa época dorada para el turismo vacacional. En sus palabras hay una mezcla clara de indignación y determinación: “La ciudad ha llegado a un punto crítico; es hora de actuar”. Así fue como lanzó su mensaje contundente sobre la lucha contra el alquiler turístico ilegal: “Bienvenida sea esta pelea”, enfatizó, aunque no sin dejar caer una crítica hacia aquellos que debieron actuar antes.
Martínez subrayó que esta nueva norma no solo es otra regla más en un mar lleno de cambios recientes; es parte esencial de un plan más amplio para equilibrar la convivencia entre visitantes y residentes. También mencionó la regulación sobre los party boats como parte de este esfuerzo por recuperar la esencia auténtica de Palma.
Aunque no pudo ofrecer cifras concretas sobre cuántos alquileres turísticos ilegales operan actualmente en Palma —mencionando tan solo unos 15.000 anuncios online— sí confirmó que sólo existen 632 viviendas legales, lo cual deja ver un escenario complejo para quienes buscan alojamientos dignos.
Finalmente, dejó claro que cualquier propiedad ahora fuera del marco legal está condenada a desaparecer del mapa palmesano si sus propietarios deciden darla de baja. El camino hacia un turismo más profesionalizado y responsable parece estar trazándose con firmeza desde este momento.