PALMA – La situación del empadronamiento se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para muchos inmigrantes en nuestra ciudad. La venta de las escasas citas online para el padrón es solo la punta del iceberg. Y, como si no fuera suficiente, ahora se suma una cuota de 200 euros al mes para acceder a este derecho fundamental. Todo esto ha desatado el miedo entre los más vulnerables, quienes temen ser deportados y perder lo poco que tienen.
Hoy, Podemos Palma ha alzado la voz y denunciado la apertura de expedientes domiciliarios que afectan a personas empadronadas en edificios públicos. Según fuentes internas del Ajuntament, más de 1.200 personas se verán despojadas de su empadronamiento por esta medida arbitraria. Estas personas, muchas de ellas sin hogar, caravanistas o migrantes, fueron apoyadas en su momento por organizaciones como Cruz Roja, Médicos del Mundo y Cáritas, que reconocieron su situación crítica.
Una práctica profundamente irregular
No están siendo notificadas sobre estos cambios, lo que convierte este procedimiento en algo totalmente irregular. Podemos recalca que esta pérdida no es solo un simple trámite; implica dejar de contar su tiempo de residencia en Palma, con todas las consecuencias administrativas y vitales que eso conlleva.
No se trata de un caso aislado: el 27 de noviembre del 2025 fue un día oscuro cuando se abrieron expedientes domiciliarios a estas más de 1.200 personas desde el edificio situado en Gabriel Alomar 18. Según Podemos, esto responde a una estrategia política orquestada por el actual gobierno municipal del PP, alineado con Vox, cuyo objetivo parece ser castigar a quienes ya viven al margen.
Bajo este proceso sistemático se está desobedeciendo el deber mismo del Ajuntament: empadronar y proteger los derechos ciudadanos. Así llevan sucediendo estas prácticas desde hace años; algunos casos datan incluso desde 2016. Por todo esto, han exigido la comparecencia urgente de Lourdes Roca como responsable de Serveis Socials y han presentado preguntas sobre cómo se está manejando esta situación crítica en cada distrito.
Podemos pide la paralización inmediata de cualquier expediente domiciliario que afecte a quienes viven en edificios públicos porque nadie debería ser tratado como un número más en una lista administrativa.