La situación en la avenida Joan Miró es un verdadero escándalo que no podemos seguir ignorando. Este jueves, Lucía Muñoz, regidora de Podem, llevará al pleno del Ayuntamiento de Palma una moción para que se inicie el proceso de expropiación de unas infraviviendas que son propiedad de un policía local suspendido. ¡Increíble pero cierto! Además, la propuesta incluye que Cort se convierta en parte activa en los juicios abiertos sobre este inmueble y que Emaya reactive el suministro de agua para estas familias.
Un clamor por soluciones habitacionales
Muñoz no se ha cortado a la hora de expresar su indignación: «Exigimos que estos inmuebles pasen a ser del ayuntamiento y se encuentre una solución real para las familias afectadas. Nadie quiere vivir así, pero peor es estar en la calle». Y es que lo hemos visto: el último desahucio dejó a muchas personas sin apoyo por parte de los servicios sociales, algo totalmente inaceptable.
A pesar de todo esto, PP y Vox decidieron tumbar la propuesta en comisión, aunque habrá otra oportunidad para votarla este jueves. ¿Qué prioridades tiene el alcalde? Parece más interesado en regularizar construcciones ilegales en suelo rústico que en garantizar el derecho básico a un hogar.
En paralelo, Joan Segura, coportavoz de Stop Desahucios, ha levantado la voz advirtiendo que las familias siguen sin agua y con luz intermitente. La acogida temporal en albergues no es más que una forma sutil de desahucio. Hay alternativas disponibles, como ayudas económicas para facilitar el pago del alquiler.
Aparte, Segura ha criticado cómo se trata el acoso inmobiliario en los Juzgados: «Se está considerando un delito leve con multas irrisorias». Para Stop Desahucios, lo ocurrido en Joan Miró es el caso más flagrante del último parón y no puede quedar impune. Si no se expropian estas viviendas pronto, el propietario seguirá cobrando alquileres bajo mano y podría incluso convertir esos sótanos en viviendas legales.