En un giro que muchos esperaban, Palma ha decidido poner freno a la proliferación de viviendas vacacionales. La ciudad no solo se niega a permitir nuevas plazas, sino que también tiene la intención de reducir poco a poco las existentes. ¿La razón? Proteger nuestro hogar y evitar que el monocultivo turístico acabe por ahogar la esencia de lo que es vivir aquí.
El Ajuntament está decidido a blindar normativamente el municipio antes de levantar la moratoria actual. Quieren asegurarse de que no haya más oferta de alojamientos turísticos que entorpezca la vida diaria de los palmesanos. Y es que, aunque hoy en día hay registradas 4.331 plazas legales, un estudio del INE reveló en 2020 que la cifra real podría ser casi el doble: ¡7.657! Este descontrol se concentra especialmente en zonas como el centro histórico y Platja de Palma, donde edificios plurifamiliares ya no deberían estar operando como alojamientos turísticos desde 2018.
Estrategias para combatir lo ilegal
Afrontar esta situación no es fácil y el Ajuntament ha comenzado a explorar cómo colaborar con el Consell de Mallorca, quien tiene en sus manos las competencias para inspeccionar esta actividad. Con solo 15 inspectores para una tarea tan monumental, se está considerando incluso involucrar a la Policía Local para ayudar en este control. Pero eso sí, los ayuntamientos quieren asegurarse de que cualquier multa recaudada revierta en beneficio municipal.
Poco hace falta recordar las palabras del alcalde Jaime Martínez durante su reciente reunión con la ministra Isabel Rodríguez: «La vivienda turística necesita regulación y transparencia». Y así lo están haciendo desde Palma, buscando herramientas como una ventanilla única para garantizar una mayor claridad sobre estos alquileres.
No cabe duda: esta es una lucha por mantener nuestras calles vivas y auténticas frente al avance imparable del turismo masivo. En definitiva, se trata de recuperar Palma para quienes realmente viven aquí.