En un giro inesperado, el Tribunal Supremo ha decidido anticipar el fallo condenatorio del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Pero aquí está lo curioso: ni siquiera sabemos qué dice esa sentencia. Además, el tribunal optó por no permitir una señal institucional del juicio, así que la gente solo ha podido escuchar rumores y versiones de terceros. Al final, nos encontramos en medio de uno de los mayores embrollos institucionales jamás vistos en nuestro país.
Un clima de desconfianza
Todo este barullo proviene de la capital, porque este asunto es puro drama madrileño. Recuerdo cuando nombraron a García Ortiz; había un jurista en Palma que tenía contactos por todos lados. En una conversación casual, soltó: «Está muy tierno. Se lo van a comer por los pies». Y vaya si le acertó. Desde entonces, la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno se ha vuelto insostenible, llena de dimes y diretes y con un clima de desconfianza que debería ser inexistente.
Las reacciones ante esta condena son más polarizadas que nunca. Aunque no se conozca la sentencia ni se haya visto el juicio, cada cual ya tiene su opinión formada. Las declaraciones explosivas de estos días solo han servido para tensar aún más la cuerda. Y aquí está nuestro fiscal general, preparándose para subir al estrado mañana para hacer su trabajo habitual: pedir tutela sobre menores o llevar a cabo cualquier otra tarea necesaria.