MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) – Este martes, un tribunal de apelación en Estados Unidos ha tomado una decisión que ha dejado a más de uno con la boca abierta. La Administración Trump ha salido victoriosa al suspender la orden de una jueza que prohibía al Gobierno presionar a los funcionarios electorales. Y es que, mientras todos miramos hacia las elecciones de mitad de mandato, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito no ha dudado en aceptar la solicitud del Departamento de Justicia para bloquear esa medida cautelar emitida por la jueza Trina Thompson.
Una lucha por el derecho al voto
Thompson había decidido frenar las acciones del Ejecutivo, impidiendo que se exigiera a los funcionarios estatales y locales que desecharan votos o amenazaran con acciones penales. Todo esto surge tras una demanda presentada por una coalición de sindicatos y grupos defensores de derechos civiles, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, quienes argumentan que estas prácticas son una clara violación de la Ley del Derecho al Voto y una intromisión inconstitucional en cómo se gestionan las elecciones a nivel estatal.
A lo largo de esta polémica, hemos visto cómo el Departamento de Seguridad Nacional ha impulsado un operativo para cotejar datos entre listas estatales y federales. Pero aquí viene lo curioso: muchos funcionarios electorales han puesto en tela de juicio la fiabilidad de estas listas donde se señala a supuestos no ciudadanos. El mensaje oficial es claro: quieren evitar que personas sin derecho voten, pero desde luego esto parece más bien un intento encubierto para meter miedo entre quienes administran nuestras elecciones.