En una decisión que resuena con fuerza, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido no dar luz verde al intento del presidente Donald Trump de restringir el voto por correo para las elecciones de mitad de mandato. Este 15 de septiembre, la Corte respaldó una orden judicial que consideraba ilegal la medida propuesta por el inquilino de la Casa Blanca, un plan que buscaba imponer restricciones poco antes del crucial 3 de noviembre.
Un mensaje claro desde el alto tribunal
La noticia llegó en forma de un escueto pero contundente comunicado: «La solicitud de suspensión presentada ante la jueza Ketanji Brown Jackson queda denegada». Esta afirmación deja claro que las posibilidades del Gobierno son muy limitadas en su defensa frente a lo decidido por la jueza federal Indira Talwani. En sus palabras, hay poco margen para prosperar.
Brett Kavanaugh, uno de los magistrados nominados por Trump, se mostró más optimista en su breve intervención: aunque reconoce una “probabilidad razonable” en cuanto a la legalidad del plan impulsado por la Casa Blanca, advierte que aplicarlo en 2026 sería “arbitrario y caprichoso”, dado que los funcionarios electorales no tendrían tiempo suficiente para llevarlo a cabo adecuadamente.
Por otro lado, Samuel Alito se extendió más en su análisis y argumentó durante ocho páginas junto a Clarence Thomas. Alito criticó duramente a los demandantes, sugiriendo que muchos carecían incluso del derecho procesal necesario para presentar sus reclamaciones. Además, acusó a los estados que interpusieron las demandas de ser responsables también por demoras en este proceso.
A pesar del revés sufrido, esta no es la primera vez que Trump busca apoyo urgente del Supremo; anteriormente ya había conseguido salir airoso en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez gira en torno al impacto real que tendría su directriz sobre el Servicio Postal estadounidense justo cuando se acercan las elecciones.
Desde marzo pasado, tras firmar esa polémica orden ejecutiva contra el voto por correo -tildándolo como un foco potencial de fraude-, varios grupos han intentado frenarlo con recursos legales. Los estados gobernados por demócratas han sido claros: este plan podría generar un auténtico caos electoral y dejar fuera del juego a millones de votantes.
California es uno de esos estados rebeldes; su fiscal general Rob Bonta celebró con entusiasmo la decisión del Tribunal Supremo como «una victoria para nuestra democracia». En sus propias palabras: «El voto es nuestro derecho fundamental», dejando claro así lo mucho que estaba en juego.