MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) – En un giro inesperado, la mitad de los 50 estados de EE.UU. han decidido plantar cara al presidente Donald Trump y su administración, llevando a cabo una demanda que se siente como un grito colectivo. Estos estados, liderados por Oregón, Arizona y California, alegan que los nuevos aranceles globales del 10% al 12,5% sobre las importaciones son «igual de ilegales» que aquellos que el Tribunal Supremo ya había declarado inconstitucionales. ¡Vaya lío!
Una lucha justa
La demanda argumenta que «los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados», y es difícil no darles la razón. Este movimiento llega justo después de que el presidente decidiera imponer nuevas tasas poco antes de que expirara otro gravamen temporal del 10%. Todo esto amparado en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que supuestamente busca proteger nuestro comercio nacional frente a prácticas desleales.
Ahora bien, no se puede pasar por alto el hecho de que la Administración basa su decisión en una investigación sobre trabajo forzoso en el extranjero. Y aunque todos estamos de acuerdo en condenar esas prácticas, hay quienes creen que usar este tema como excusa para mantener un plan arancelario ilegal es absolutamente inaceptable. La demanda presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional en Manhattan lo deja claro: «Los estados demandantes apoyan la protección laboral mundial pero no pueden permitir esta manipulación».
Además, los demandantes insisten en que el USTR, Jamieson Greer, está pasando por alto procedimientos legales necesarios y exigen tanto la anulación de estos aranceles como un reembolso por los depósitos ya pagados. Esto abre una nueva batalla legal entre estados y pequeñas empresas contra una administración empeñada en reconstruir un muro arancelario tras haber sido derribado previamente por decisiones judiciales.
Las repercusiones son evidentes; miles de empresas han tenido que lidiar con solicitudes de devolución tras pagar cerca de 166.000 millones de dólares recaudados en gravámenes anteriores. Con todas estas tensiones acumulándose, parece claro: estamos ante una situación compleja donde tanto pequeños negocios como gobiernos estatales están luchando contra un sistema cada vez más opresivo.