En un giro de los acontecimientos que ha dejado a muchos con la boca abierta, Donald Trump, el presidente estadounidense, salió este lunes a poner las cartas sobre la mesa. Afirmó sin titubear que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, «no será arrestado bajo ningún concepto o circunstancia» durante su próxima visita a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre. No es cualquier cosa lo que está en juego; se trata de un líder que, según Trump, está librando una lucha feroz contra Irán, un país que ha estado sembrando el caos y ha asesinado a miles de manifestantes inocentes.
Un choque entre líderes
Las palabras del presidente resonaron con fuerza en redes sociales: «Es un líder que está luchando contra la República Islámica de Irán… Los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que han llevado a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes». Esta declaración no tardó en provocar reacciones. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, había dejado caer en una entrevista al ‘New York Times’ su intención de hacer todo lo posible dentro de la ley local para detener a Netanyahu si pisaba su ciudad. Mamdani no se anduvo con rodeos y calificó al primer ministro israelí como «criminal de guerra», haciendo referencia a las imputaciones del Tribunal Penal Internacional por sus acciones durante los años difíciles en Gaza.
La respuesta del gobierno israelí fue rápida y contundente. Acusaron al alcalde neoyorquino de incitar al odio y señalaron que estaba fallando en sus responsabilidades como alcalde. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, aseguró con firmeza que Netanyahu asistirá a la Asamblea General y regresará sano y salvo a Israel. Pero aquí viene lo complicado: pesa sobre Netanyahu una orden de arresto emitida por el TPI por crímenes considerados graves. Aunque tanto EE.UU. como Israel no reconocen esa corte ni sus decisiones, eso no significa que estén fuera del alcance legal.
Aquí es donde entra el debate más amplio sobre justicia internacional y derechos humanos. Organizaciones pro palestinas han señalado cómo EE.UU., aunque no sea parte del TPI, tiene obligaciones legales bajo convenios internacionales para perseguir crímenes graves independientemente de la nacionalidad del acusado. Una situación compleja donde se cruzan política internacional y derechos humanos.